Compartimos un artículo publicado en L'Osservatore Romano, el 24 de enero de 2024.
Hemos traducido para ustedes la nota. Puede leer la versión original, en italiano, acá
Una renovación del cese al fuego por otros seis meses, después de su entrada en vigor el 3 de agosto del año pasado. Este es el primer resultado concreto del nuevo ciclo de negociaciones entre el gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), una guerrilla aún activa en el país sudamericano después del acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2016. La sexta mesa de diálogo, inaugurada el pasado lunes en La Habana, sigue a las reuniones que se reanudaron en noviembre de 2022 tras la asunción del presidente Gustavo Petro, con negociaciones celebradas no solo en Cuba, sino también en Venezuela y México.
Durante los primeros seis meses, la tregua, inicialmente programada hasta el 29 de enero, ha llevado a una reducción significativa de la violencia, según los negociadores. Sin embargo, en el centro de las negociaciones en La Habana, programadas hasta principios de febrero, también se abordan otros temas cruciales, como el desarrollo de las llamadas áreas críticas, el fortalecimiento de los procesos de participación y la atención a cuestiones humanitarias. En las discusiones, se busca "reflejar especialmente la participación de las comunidades en las regiones más afectadas por el conflicto armado", explica Monseñor Héctor Fabio Henao Gaviria, delegado de la Conferencia Episcopal de Colombia para las relaciones entre la Iglesia y el Estado, quien ha seguido todo el proceso de paz con el ELN. Contactado por teléfono en Cuba, donde se encuentra para la ronda negociadora, aunque aclara que, como Iglesia colombiana, "acompañamos las negociaciones, no somos negociadores: estamos presentes para ayudar a hacer oír la voz de las víctimas, con la perspectiva de una sociedad diferente, más humana y fraterna", Monseñor Henao reitera que "hay 30 sectores diferentes de la sociedad civil colombiana que ya tienen delegados en un comité nacional: se reúnen y tratan de ofrecer ideas claras sobre la metodología y la participación en el proceso de paz. Se espera que la población de las regiones más afectadas por el conflicto sea invitada a participar, hablando de las transformaciones que necesita el territorio, desde asuntos como el empleo, hasta la problemática de la tierra, pasando por la protección de la casa común. Otro punto es la respuesta del Estado a las comunidades que han solicitado cambios en las zonas donde la gente está desplazada, donde existen situaciones de amenazas muy fuertes o donde se necesitan transformaciones estructurales", frente a la pobreza y la inseguridad. La Iglesia siempre ha estado "muy involucrada en el trabajo junto a los desplazados": en el proceso negociador, recuerda el delegado de los obispos colombianos, se han identificado "ocho zonas críticas que requieren intervención". Estas son Bajo Calima y San Juan; Baudó, Chocó; Bajo Cauca antioqueño; Buenaventura, Dagua y Cali; Nordeste antioqueño; Sur de Bolívar; Departamento de Nariño; Naya, Valle del Cauca.
En un país donde también están activas formaciones armadas de otra naturaleza, como el Clan del Golfo, una organización que lidera elementos paramilitares y narcotraficantes, aun en noviembre pasado la continuidad y la intensidad de las acciones de lo que la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA) ha identificado como "grupos armados no estatales" han provocado nuevas situaciones de emergencia, especialmente en las zonas del Pacífico y del noroeste de Colombia: alrededor de 20,000 personas afectadas por desplazamientos masivos y confinamientos.
En los diálogos con el ELN, sigue siendo destacada la cuestión de la práctica ilícita de los secuestros, un tema que ha llevado en estos meses a momentos de crisis en las negociaciones, como en el caso del secuestro del padre del futbolista colombiano del Liverpool, Luis Díaz, durante 13 días en manos de la guerrilla el pasado otoño y luego liberado. "El ELN en las conversaciones anteriores se mostró dispuesto a interrumpir los secuestros con fines de extorsión", recuerda Monseñor Henao. Luego, en diciembre, el anuncio por parte de los guerrilleros de no querer abandonar los secuestros, distanciándose así de la decisión de poner fin a esa práctica por parte del Estado Mayor Central (EMC), un grupo disidente de las disueltas FARC que se abstuvo del tratado de paz de hace ocho años. Con el EMC, el gobierno de Colombia concluyó la semana pasada el tercer ciclo de conversaciones, como parte de la política de "paz total" llevada a cabo por Petro.
El 19 de enero, el presidente de Colombia fue recibido por el Papa Francisco en el Vaticano y tuvo reuniones en la Secretaría de Estado, de las cuales se desprende, según un comunicado de la Sala de Prensa de la Santa Sede, la "positiva colaboración" entre la Iglesia y el Estado en vista de la promoción del diálogo, la justicia social y la reconciliación. "La Iglesia en su conjunto, no solo la Iglesia en Colombia, trabaja, por lo tanto, para la construcción de la paz", testifica Monseñor Henao, recordando la visita del Pontífice al país latinoamericano en 2017. "Esperamos que el encuentro entre el Papa y el presidente sea un impulso para seguir adelante y un estímulo para aquellos que buscan una solución política, a través del diálogo", a los problemas aún no resueltos del país, desde la "guerra" hasta las "muchas actividades económicas ilegales", como el narcotráfico y la minería ilegal, en primer lugar."
Artículo redactado por: GIADA AQUILINO
FICONPAZ
2024